Cincuenta años de desajuste

El Programa Parole pretende cercenar la labor humanitaria de los médicos internacionalistas cubanos. Foto: Cubaperiodistas

Tomado de: Marina Menéndez Quintero marina@juventudrebelde.cu

Salvando las distancias, la llamada Ley de Ajuste Cubano podría estar convirtiéndose en algo tan extraterritorial como el bloqueo. Claro que es una metáfora pero, aunque no la rijan, como a aquel, legislaciones que se inmiscuyan en el quehacer de otras naciones, lo cierto es que su irracionalidad se extiende en el tiempo y está afectando a terceros.

Debe ser un hecho tomado muy en cuenta que por primera vez en los 50 años de vigencia de la ley, varias naciones latinoamericanas hayan pedido a Estados Unidos su revisión.

Aunque países de la región se habían pronunciado ya a fines de 2015 en tal sentido —hablo de la reunión sostenida el 24 de noviembre por los ocho miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, junto a México, Ecuador, Colombia y Cuba como invitados—, la solicitud formal fue enviada al secretario norteamericano de Estado John Kerry el 29 de agosto por los cancilleres de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

Fue una petición que recibió un balde de agua fría. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, descartó que el Congreso la analizara, y similar respuesta ofreció el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, categórico al expresar que la Ley de Ajuste Cubano, así como la política conocida como «pies secos/pies mojados» —que es a diferencia de la anterior una prerrogativa ejecutiva—, seguían en vigor.

Podría pensarse que animaba la misiva de los ministros la desigualdad que significa para sus compatriotas esas ventajas que la Ley de Ajuste otorga a los cubanos: mientras cientos de miles de los indocumentados de sus países perecen o son arrestados en la frontera y retornados, ya sabemos que quienes llegan ilegalmente desde la Isla son inmediatamente acogidos, y en un año y un día tendrán residencia permanente.

En la carta, sin embargo, era explícito el interés de «asegurar una migración ordenada y regular en nuestra región», en lo cual la derogación de la Ley de Ajuste, dijeron, «sería parte de una solución definitiva».

Es en ese sentido que, de algún modo, la conocida disposición se convierte para las naciones vecinas en un problema que cada vez más tienen ante sus narices, y toca más fuerte a sus puertas: la búsqueda de nuevas vías para llegar a EE. UU. por parte de cubanos, pasa y estalla en sus territorios, como ocurrió durante los acontecimientos de noviembre/diciembre de 2015, cuando unos 3 000 ciudadanos de nuestro país permanecían en Costa Rica, de tránsito en un periplo azaroso y lleno de peligros por varias naciones para lograr entrar a Estados Unidos a través de la frontera con México. Su solución, que no obedecía a circunstancias provocadas por los países implicados, demandó los buenos oficios de estos y de Cuba. La causa principal, sin embargo, pasaba por el anzuelo que la Ley de Ajuste significa.

Pero a los cancilleres que suscribieron la carta a John Kerry les motivaban también reflexiones más profundas.

«Ciudadanos cubanos —decía el texto— exponen sus vidas a diario buscando llegar al territorio de los Estados Unidos. Estas personas, en extrema vulnerabilidad, son víctimas de las mafias dedicadas al tráfico de migrantes, la explotación sexual y los asaltos colectivos».

Muchos han llegado pero, ¿cuántos de nuestros compatriotas han perecido en el mar? ¿Cuántos más podrían morir en las nuevas rutas diseñadas por inescrupulosos «coyotes» que lucran con ese tráfico humano?

Arma política

Quizá lo más deleznable sea la hipocresía agazapada durante estos 50 años detrás de esta legislación, cuya letra no se aviene a la realidad de la migración cubana.

Identificada como Ley Pública 89-732, del 89 Congreso, 2da. sesión de Nov. 2/66, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, la normativa es señalada en su encabezamiento como «Acta para ajustar el estatus de los “refugiados” cubanos a la de residentes permanentes legales de Estados Unidos, y para otros fines».

Y faculta al Fiscal General a «ajustar», a su discreción, como «extranjero admitido legalmente para residir permanentemente», «el estatus de cualquier extranjero nativo o ciudadano cubano o que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra (parole) en Estados Unidos después del 1ro. de enero de 1959 y que haya estado presente físicamente en Estados Unidos al menos durante un año»(…)

Nótese que se habla de «refugiados», una definición que no se correspondía siquiera con los cubanos que salían hacia Estados Unidos en 1966 cuando se implementó la ley. Todavía quizá podía hablarse de una emigración política porque hubiera personas que no simpatizaran con la Revolución, pero no se trataba de perseguidos políticos. Tampoco Cuba se oponía a su salida legal, solo que no recibían visa de Estados Unidos.

Ya habían sido recibidos por Washington «aquellos vinculados directamente en el plano político, militar y económico con la dictadura de Fulgencio Batista, y por sectores prominentes relacionados con el capital norteamericano», como cita el Dr. Antonio Aja Díaz en «La emigración cubana hacia Estados Unidos a la luz de su política inmigratoria». Esa primera oleada de cubanos hacia territorio norteamericano se produjo entre 1959 y 1962, período durante el cual «emigran más de 274 000 personas. De estos una parte de los primeros 70 000, lo hacen prácticamente sin mediar trámites migratorios».

Mucho menos podría hablarse de refugiados ahora. Se sabe que desde hace muchos años la nuestra es una emigración económica que constituye fenómeno generalizado del Tercer Mundo gracias al desigual orden económico internacional; y si se recrudece en Cuba es justamente por las presiones que nos impone la política de cerco de EE. UU. He ahí otro doblez del asunto.

La Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados), cita a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados para explicar que se considera tal a la persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él».

Desde el principio la Ley de Ajuste fue una forma de hacer denostar del modelo sociopolítico cubano y demonizarlo ante la comunidad internacional. Para asentarse en EE. UU. y clasificar como «refugiado», tenían que hablar mal de Cuba. En ese propósito, mientras más personas salieran ilegalmente, ¡mejor! para la propaganda contra la Isla. Para ello se magnificaban desde el punto de vista mediático las salidas ilegales —recordemos el secuestro del entonces pequeño Elián, convertido en inhumano show— y, más aun, se promovía y se promueve esa migración, otorgando a los cubanos las ventajas únicas de la inmediata green card (tarjeta verde), negada incluso a 11 millones de indocumentados que viven y trabajan ilegalmente en territorio estadounidense, emerosos día a día de la deportación.

Más adelante, la política conocida como «pies secos/pies mojados» (que acoge a quienes toquen tierra estadounidense y devuelve a quienes sean interceptados en el mar, y que fue implementada por el presidente Bill Clinton a partir de 1995) y el Programa de Parole para Médicos y técnicos de la salud en misiones en el exterior (establecido por George W. Bush en 2006), acabaron de conformar una política migratoria de EE.UU. hacia Cuba agresiva e injusta, que además de que busca robar nuestros valiosos talentos, es violatoria de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países e inconsistente con el estado actual de las relaciones bilaterales.

Se trata, como señalara el Gobierno Revolucionario cubano en una declaración del 1ro. de diciembre de 2015, de «un enfoque excepcional, politizado y discriminatorio respecto a los inmigrantes de las demás naciones de la región y del mundo, que además es incongruente con la existencia de relaciones diplomáticas, el proceso de diálogo en curso entre Cuba y los Estados Unidos e incompatible con el anunciado cambio de política hacia la Isla».

Una puede preguntarse entonces, en verdad cuánto ha habido de ajuste y cuánto de desajuste en una relación migratoria viciada y enrarecida por un enfoque politizado por parte de Estados Unidos, desconocedor, además, del respeto que debe primar entre dos Estados. Entonces, ¿hasta cuándo?